¡Protejamos al Dorado!

Transcribimos seguidamente un artículo publicado el día 5 de septiembre del año 2005, por el diario “La Nación” de Buenos Aires.



SANTA FE.- En dos años más, si las actuales condiciones de pesca comercial no se modifican y se mantiene la depredación indiscriminada, el río Paraná perderá gran parte de su fauna ictícola, con el consecuente daño ambiental, social y económico, según los primeros resultados de la evaluación de la pesquería actual en este cauce,que realizó la Comisión de Pesca Continental (CPC) en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).

Pero el riesgo es mayor si se tiene en cuenta que solo se realizan controles en rutas, mientras los frigoríficos dedicados a esta actividad procesan progresivamente un mayor número de piezas a la establecida por ley.

Las primeras conclusiones del informe oficial dicen que con el pescado que se extrae en unos 600 kilómetros de río,-desde el límite de Santa Fe y Chaco hasta Rosario-, se exportan 37.000 toneladas, que solo reciben tratamiento de frío y se despachan al exterior sin ningún valor agregado. En 1994 se exportaban se exportaban apenas 2.785 toneladas. El 85 % de esta carga son sábalos menores de 40 centímetros, que no han logrado reproducción. De esta manera se produce un corte de la denominada “cadena trófica” -o alimentaria-, ya que esta especie sirve de alimento a los denominados peces grandes de agua dulce, como surubí, dorado, tararira, manguruyú y raya.

Según el informe oficial “esta situación permite pronosticar una disminución significativa de la abundancia de peces disponible para la pesquería a partir de 2006, que se agravará en 2007. Es predecible, también, que esto acentúe las presiones hacia las capturas de tallas menores de las permisibles, lo cual, de no controlarse, llevaría irremediablemente a una situación de sobrepesca”.

El pescado congelado tiene buena aceptación en diferentes mercados, especialmente Colombia, Brasil y Nigeria. En la cuenca santafesina trabajan cerca de 6.000 pescadores, pero sólo 4.000 poseen licencia habilitante, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente.

“Es el vaciamiento más grande del río más importante de América del Sur. Nadie deja de ser perjudicado”, reflexionó Jorge Capatto, coordinador nacional de la Fundación Proteger. La respuesta del gobierno santafesino fue la reglamentación,- un año después de su sanción-, de la ley de Pesca, considerada una herramienta válida para frenar la depredación y ordenar la actividad.

Un problema más.

Lejos de convertirse en una solución, la ley amplió el problema, ya que estableció en 42 centímetros la medida mínima de largo de los sábalos que pueden extraerse del río, mientras Entre Ríos mantuvo ese mínimo en 40 centímetros lo que significaba que sobre las costas santafesinas se mantendrá el ritmo de depredación actual.

Marcelo Terencio, secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe , explicó a La Nación que se acordaron acciones conjuntas con Entre Ríos “para encontrar una solución que satisfaga a los intereses de ambas provincias y al futuro de la actividad, tanto deportiva como comercial”.

Entre las medidas ya definidas y analizadas con el subsecretario de Pesca de la Nación, Gerardo Nieto, figura el fortalecimiento de los controles tanto en el río como en los establecimientos procesadores, la decisión de clausurar los frigoríficos que no cumplan con la normativa vigente y la prohibición de instalar nuevas plantas.

Hace tres semanas, pescadores de Entre Ríos mantuvieron cortado el tránsito vehicular por el puente Rosario-Victoria, en reclamo por la derogación de la medida mínima para el sábalo, que en la práctica significa una veda a la pesca de esa especie.

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